El ICO ha lanzado su segunda emisión de bonos verdes por importe de 500 millones de euros destinado a empresas españolas que impulsen la transición ecológica. Los fondos captados con esta operación respaldarán proyectos de compañías españolas en el ámbito de las energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, prevención y control de la contaminación y de gestión sostenible de los recursos naturales. La financiación de estos proyectos se hará bajo el modelo de colaboración público-privada y contribuirán "a la generación de empleo y a promover un crecimiento económico sostenible".

Los negocios de hostelería están advirtiendo de que no van a poder atender a los pagos y a la devolución de los préstamos en los plazos previstos, razón por la que urgen a un renegociación o refinanciación de los préstamos ICO para poder aplazar los pagos. Paula Nevado, secretaria general de Marcas de Restauración, organización empresarial que agrupa a las principales cadenas de restauración organizada, advierte de que el sector sigue demandando liquidez.

La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos. El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

El Tribunal Supremo ha dado un toque de atención a la Agencia Tributaria a la hora de solicitar la autorización del registro de una empresa basada en los indicios de ocultar facturación al compararlo con la media de su sector. En concreto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado por defectos de motivación un auto judicial que permitió a Hacienda un registro físico, al realizarse bajo la premisa de que simplemente estaba ocultando cifras de ventas al facturar por debajo de la media de la competencia. La sentencia fechada el pasado 1 de octubre, establece que "la corazonada o presentimiento de la Agencia Tributaria" está fuera de lugar para pedir el registro de una empresa por posible fraude, aunque esté basado en estadísticas.