La magistrada del Juzgado de Primera instancia 20 de Barcelona ha otorgado el "rebus sic stantibus" a un inquilino que tenía arrendados varios pisos para alquiler turístico y que, por motivo del Covid-19 y el estado de alarma, vio afectado su negocio y disminuir sus ingresos. Por este motivo la magistrada estima el recurso interpuesto y declara que se ha producido una “alteración imprevisible de las circunstancias que sirvieron de base para la formación de la voluntad negocial y que dicha alteración genera un desequilibrio de las prestaciones a cargo de la actora”.

Los ERTE se prorrogarán de forma automática hasta el próximo 31 de mayo, de forma que ni las empresas ni los más de 755.000 trabajadores que actualmente están afectados por una suspensión de empleo a consecuencia de la covid-19 tendrán que volver a solicitarlo en caso de que en febrero tengan que mantenerlo.

El objetivo es aligerar los procedimientos para que no se produzcan de nuevo colapsos en el SEPE, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación. El Gobierno se volvió a reunir este lunes con los agentes sociales y, aunque no se logró cerrar el acuerdo, se sigue avanzando en un «clima de entendimiento».

Las condiciones de los nuevos ERTE serán prácticamente similares a las anteriores, con muy pocas variaciones, explicaron a este periódico fuentes del Ministerio, que se mostraron optimistas de cara a cerrar los flecos que quedan en la nueva reunión que tendrán el próximo jueves.

No es al empleado al que corresponde probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF, sino que la Administración -para su acreditación- deberá dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar que las cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, por motivo o por razón del desarrollo de la actividad laboral, según la sentencia del TS de 3 de diciembre. La condición de trabajador/administrador del perceptor de la dieta no determina per se que sea éste el que deba acreditar la realidad de los desplazamientos o de los gastos de manutención y estancia aunque, en atención a las circunstancias del caso, tal extremo pueda tener incidencia en la concreta acreditación del presupuesto de hecho determinante de la no sujeción de las sumas percibidas como dietas.

La batalla contra la cláusula de salvaguarda del empleo, que exige que las empresas acogidas a un Erte no puedan despedir hasta transcurridos seis meses desde el día en que incorporaron al primer trabajador, no se dará en los despachos del Ministerio de Trabajo, sino en los tribunales. La batalla está en cómo se interpreta la sanción que se impone si alguna empresa opta por saltarse la norma y despide antes de que cumpla el plazo de seis meses desde que incorporó a su primer empleado. Un convencimiento generalizado entre los expertos en derecho laboral si se tiene en cuenta que en la tanda de solicitudes de los nuevos expedientes aprobados el 1 de octubre, aplicados a las restricciones administrativas de la segunda ola de la pandemia, muchos gestores y asesores laborales han recomendado a sus clientes que soliciten el Erte, pero rechacen las exoneraciones a las cotizaciones de la Seguridad Social. Porque si no reciben estos beneficios en las cuotas no estarán obligados a ampliar otros seis meses la prohibición de despedir.