El Real Decreto-Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 no cubren todos los aspectos necesarios para asegurar la continuidad de las empresas en insolvencia. Por ello, es momento de detectar lagunas y valorar soluciones a partir de estas nuevas “reglas de juego”. Más cuestionables son las medidas relativas a la agilización de trámites procesales (por ejemplo, incidentes concursales) que podrían suponer un deterioro relevante en las garantías e interés del concurso, si bien se celebra que, por seguridad jurídica, en la redacción final del RDL se haya mantenido la subasta judicial para ventas de unidades productivas.

Hacienda aprovecha el confinamiento de los extranjeros a los que ha sorprendido la crisis del coronavirus en sus segundas residencias en España y no pueden regresar a sus países para exigirles el pago de impuestos. La Agencia Tributaria mantiene, en contra de las recomendaciones de la OCDE, la obligación de residir fuera de España 183 días para evitar que Hacienda considere a estas personas como residentes fiscales en España de manera automática y les obligue a liquidar con el fisco español. Además, Hacienda les obligará también a pagar el Impuesto sobre el Patrimonio -salvo a aquellos extranjeros que residan en Madrid, que lo tiene bonificado, de momento, al 100%-, también sobre el patrimonio que tengan en todo el mundo. Este impuesto no existe en la inmensa mayoría de países del entorno. La OCDE pide a los países que paralicen el contador por "fuerza mayor".

El Círculo de Empresarios propone medidas de estímulo fiscal "excepcionales y temporales", que estarían en vigor hasta el 31 de diciembre, para propiciar la reactivación económica, y que pasan por la mora y flexibilización en el pago del Impuesto de Sociedades, el IVA y tributos locales como el IBI, así como agilizar devoluciones tributarias y la utilización flexible de créditos fiscales y amortización de activos. También plantea reducir el Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el IVA para adquisición de viviendas, locales de negocios, automóviles, servicios de hostelería, restauración y transporte de viajeros y la suspensión del impuesto de matriculación y las tasas turísticas.

La prohibición de hacer despidos durante seis meses desde la finalización de los Ertes amenaza con provocar una oleada de preconcursos de acreedores. Se trata de la única vía que tienen las empresas para demostrar que atraviesan dificultades financieras y poder realizar así ajustes, sin acabar echando el cierre. Aunque formalmente, no se va a requerir la presentación ante un juzgado, las condiciones en las que se incurre son las mismas, por lo que será la única manera de evitar un concurso forzoso, según establece la legislación.